¡Es Oficial! INE declara el inicio de campañas del periodo electoral 2021

La duración será de 60 días consecutivos que tienen los políticos para dar a conocer las propuestas para ser votados en el mes de Junio.

 

El próximo 6 de Junio serán las elecciones 2021, en donde se elegirán a 3,501 puestos de elección popular, entre ellos 500 diputados del Congreso federal, además de 15 gubernaturas, por lo que tanto candidatos como políticos en el poder deberán conducirse de acuerdo con las leyes electorales que prohíben, por ejemplo, usar recursos públicos, inducir el sufragio en centros religiosos y de culto, o pedir datos de la credencial para votar.

 

La vigilancia del desarrollo de las campañas está a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE), y de los Organismos Públicos Locales de ese organismo autónomo que hay en cada uno de los estados del país, pues además de la elección para diputados federales, también se contiende por 1,923 alcaldías y por 1,063 curules en Congresos de 30 entidades

 

El INE y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) serán los organismos encargados de evitar cualquier tipo de fraude electoral que pudiesen influir en las votaciones, haciendo hincapié en que ningún delito electoral será tolerado.

Ofrecer dinero o productos en especie a cambio de votos, también está prohibido, se trata de una práctica ilegal que no es extraña en nuestro país y que se sanciona con multas de hasta 8,962 pesos, y penas de entre seis meses y tres años de prisión, según la Ley General en materia de Delitos Electorales.

 

Recoger credenciales para votar, prometer algún tipo de contraprestación para apoyar a algún candidato, o para abstenerse de hacerlo, así como amenazar con suspender los programas sociales como forma de coacción, son otras de las conductas que no deben llevar a cabo los candidatos, los partidos políticos y las autoridades de los tres niveles de gobierno.

 

Al respecto, la Ley General en materia de Delitos Electorales se reformó en febrero de 2019 aumentando las sanciones para los servidores públicos que usen, o permitan el uso de los recursos públicos de programas sociales, con la finalidad de incidir en el electorado. Ahora quien cometa este delito puede alcanzar hasta nueve años de prisión.

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